La mañana de hoy un grupo de dirigentes de las juventudes políticas de oposición que forman parte de la plataforma «Generación Constituyente» y que impulsan la campaña para marcar las papeletas del próximo plebiscito de abril con la sigla «AC» (en alusión a la Asamblea Constituyente), asistieron a las oficinas del Servicio Electoral (SERVEL) para ingresar una solicitud en la que exigen al organismo a que señale pública y oficialmente, por escrito, que marcar el voto no anula ni objeta el voto, siempre que no se marque más de una opción.
Esta medida la toman los jóvenes a raíz de una serie de cuestionamientos al llamado que realizan, entre quienes se encuentran partidos del Frente Amplio, quienes argumentan que «puede confundir» a la población. Sin embargo, el llamado que realizan las organizaciones, según explica Ariel Campos, dirigente de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez (JRME) del MIR, dice relación con que «entendemos que ese método [Asamblea Constituyente], es el método que realmente es más democrático y transversal que hace alusión al poder originario y constituyente que reside en el pueblo». En contraste, comenta que «la convención constitucional entendemos que se enmarca dentro de un Acuerdo por la paz y una nueva constitución que fue cocinado desde arriba por los politicastros representantes de la clase dominante».
En ese sentido, existe de parte de las juventudes una crítica a dejar fuera de las opciones del plebiscito de abril el mecanismo de la Asamblea Constituyente, exigida durante todo este periodo del denominado «estallido social», pero que esperan pueda manifestarse en el proceso plebiscitario a través de la marca del voto con «AC», junto con seguir desarrollando acciones encaminadas a que se haga efectiva la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Por otro lado, dentro de las campañas que impulsa la plataforma «Generación Constituyente» está la denuncia de la existencia de más de 300 presos políticos, mayoritariamente jóvenes, quienes deben cumplir medidas cautelares de prisión preventiva, al tiempo que los responsables de la represión y que ha tenido como resultado una decena de muertes, daños y pérdidas oculares, abusos sexuales y violaciones, además de miles de heridos por balines y golpizas, se mantienen sin medidas cautelares e impunes. Por ello, la exigencia que realizan es la liberación de todos los imputados e imputadas y juicio y castigo a los responsables de la violación de derechos humanos que, según indican todos los informes, ha sido sistemática a lo largo de estos cuatro meses desde el comienzo de las protestas.
