Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.«
Salvador Allende, 11 de julio de 1971
El 11 de julio de 1971 el presidente Salvador Allende proclama ante los trabajadores de la minería la Nacionalización del Cobre, día conocido a partir de entonces como «Día de la Dignidad Nacional» por el impacto que este hecho tiene para la economía del país y también por la importancia política en el tránsito del proceso de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales profundizadas desde el gobierno de la Unidad Popular.
Si bien es cierto el proceso de recuperación de la Gran minería del cobre se había iniciado años antes con la creación del Ministerio de Minería y luego con la llamada «chilenización del cobre», no es hasta la nacionalización y el control por parte del Estado cuando se puede reconocer que nuestro país asume una política de mayor independencia y soberanía sobre sus recursos estratégicos, siendo el cobre el principal bien.
La nacionalización del cobre necesitó una reforma a la Constitución de 1925 para llevarse a cabo, siendo aprobada unánimemente por el Congreso Nacional un día como hoy hace 48 años.
Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares, para recuperar para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que las riquezas mineras, no sólo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los bancos y nacionalizar las empresas industriales monopólicas o fundamentales para Chile, estratégicas.»
S. Allende: Discurso por la nacionalización del cobre, 1971.
Conocido como el «sueldo de Chile», el cobre ha sido -incluso hoy- una de las principales riquezas con que cuenta el país. Sin embargo, en la actualidad se presenta una disímil realidad: a la tendencia a un menor precio del metal -desde 2012 a la fecha, con algunos repuntes coyunturales-, y por ende, una menor recaudación del Estado, le antecede un proceso de privatización de la explotación minera que entregó a la inversión, principalmente extranjera, la extracción de este recurso. Iniciado el año 1981 con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, conocida como «Ley Minera», que entrega bajo la figura de «concesión plena» los derechos de propiedad en la minería, es entre los años 1990 y 2000 cuando se produce el boom de la inversión extranjera en la minería chilena. Las razones de fondo de este auge radican en el aporte y crecimiento previo que había realizado el Estado, sumando la actividad de Codelco y Enami, que totalizaron un aumento superlativo de la producción de cobre a nivel mundial, aumentando en el periodo 1973-1989 en 678 mil toneladas, superando -sólo la producción nacional- al resto de los países productores de cobre, que en igual periodo sólo aumentó en 599 mil toneladas.
Es decir, el Estado chileno fue capaz de desarrollar y financiar el crecimiento de la producción minera sin requerir de la inversión privada para hacerlo. Pero, con una alta productividad y abierto el mercado el negocio estaba realizado.
Además de las pérdidas para la economía nacional que ha dejado de percibir a través del Fisco más de 120 mil millones de dólares sólo en el periodo 2005-2015, según cifras del estudio realizado por los economistas Sturla, Accorsi, López y Figueroa (Ver: «Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015«), en el periodo de apertura e inversión la pérdida de plazas de trabajo fue desastrosa. Según cifras de Cochilco, el año 1990 en Chile los trabajadores y trabajadoras ocupados en la minería del cobre era de 46.248 personas, de las cuales 20.484 (45%) lo hacían en la pequeña y mediana minería, mientras que para el año 2000 había descendido a 33.637 trabajadores, de los cuales sólo 5.036 trabajaban en la pequeña y mediana, es decir, 15.448 trabajadores menos en ese sector. En el mismo periodo, en cambio, la producción de cobre de la gran minería pasó de 0,13 millones de toneladas a 2,7 millones de toneladas.
Sólo con esos antecedentes, la privatización de la minería del cobre, tal como lo advierten investigadores, académicos y expertos en la materia ha tenido consecuencias negativas para la economía nacional. Según se señala, el Estado sin problemas pudo haber continuado desarrollando la producción de forma estable, creando más puestos de trabajo y recaudando mayores recursos para financiar la política social en el país, permitiendo terminar con los graves problemas de vulneración de derechos que viven amplios sectores de la población en salud, educación, vivienda, etc.
A pesar de este escenario, hoy se continúa conmemorando el 11 de julio y es común ver en distintos momentos que la reivindicación de la Nacionalización del cobre sigue siendo una necesidad para resolver los problemas sociales que vive el país, recuperando la independencia económica y estableciendo un nuevo Día de la Dignidad Nacional.
