A RETOMAR LA INICIATIVA POLÍTICA Y REARTICULAR EL MOVIMIENTO SINDICAL
Las decisiones que el gobierno junto al parlamento ha venido adoptando en materia laboral desde el 18 de marzo justificadas por la irrupción del Covid-19, han ido dando forma al futuro del trabajo con un orden más neoliberal de lo que conocíamos hasta ahora, donde la desigual relación entre capital y trabajo favorece obscenamente al capital.
Estamos asistiendo probablemente a la implementación de un paquete de reformas laborales ultra-neoliberales, más profundas inclusive, de las vividas en el plan laboral de Pinochet de 1978, las que provocaron injusticias sociales irreversibles que ningún presidente del campo progresista quiso cambiar.
La recesión económica mundial que está impactando en las economías dependientes y subdesarrolladas como la nuestra, cuyos efectos se vienen evidenciando desde el año 2019, mucho antes de la irrupción del Covid-19, debe ser el foco principal de nuestros análisis, decisiones y acciones a contar de ahora. Las medidas económicas y financieras que el gobierno ha implementado con un enfoque sanitario, son finalmente las rectificaciones, ajustes y precisiones que el modelo neoliberal necesitaba para adecuarse a los nuevos escenarios económicos.
Las medidas antitrabajadores impulsadas en menos de 30 días no hubiese sido posible implementarlas en un marco de “normalidad”, sino, se requería de un contexto especial y extraordinario como lo es una pandemia. El capital financiero internacional, las empresas trasnacionales y la burguesía nacional venían exigiendo hace rato medidas de esta envergadura para enfrentar los desajustes de la economía mundial, que desde fines de los ’90 viene experimentado una tendencia a la baja de la tasa de ganancia que mantiene en disputa a los grupos económicos del primer mundo.
Dado el carácter de las medidas adoptadas, la fuerza de trabajo sufrirá a contar de ahora un menor valor del que tenía hasta antes del 18 de marzo, esto como consecuencia de los millones de trabajadores que serán expulsados al mundo de la cesantía bajo el eufemismo de la reorganización empresarial. Este contingente de trabajadores cesantes se convertirá en la fuerza de reemplazo de los que aún tienen trabajo, pero con menor salario.
Las medidas del gobierno permitieron que en menos de 30 días los grandes capitales asociados al retail y a las cadenas de servicios multiplicaran sus ganancias alcanzando en tiempo récord una súper-concentración de la riqueza; monopolizando de paso, la producción, la importación, la distribución y la comercialización de productos de consumo masivo; haciendo desaparecer a toda la cadena de medianos, pequeños y micro comerciantes asociados al abastecimiento directo a la población.
Tal como en otras crisis, el capital financiero y especulativo ha visto en el Estado un buen nicho de negocios para arrebatarle sus recursos, la estructura pública siempre será un buen cliente para la banca privada. El Estado vuelve a ser aval de numerosos y cuantiosos créditos para el gran empresariado, con tasas preferenciales y contratos reservados. Aun así, las empresas continúan con su plan de despidos de trabajadores, manteniendo a buen resguardo las obscenas utilidades acumuladas en décadas y la inyección de recursos frescos otorgados por el Estado a través de la banca.
Los tres paquetes de medidas económicas para enfrentar los efectos sociales del Covid-19, tienen como piso de financiamiento el erario público generado con los impuestos al trabajo y al consumo de todos los trabajadores. Nada de lo que se ha propuesto hasta ahora ha sido financiado con aportes o utilidades del gran empresariado. Algunos analistas equivocadamente señalan, que la teoría keynesiana está orientando las decisiones del gobierno, como si en esta coyuntura, el capital hubiese aportado recursos al Estado, todo lo contrario, ha sido el Estado con recursos de todos los trabajadores, el que ha transferido más capital al capital.
Dada la situación de confinamiento y repliegue social de la población, el gobierno aprovecho la oportunidad para lanzar una agresiva agenda legislativa antiderechos y antisindical que tuvo oídos receptivos de manera transversal en todas las bancadas parlamentarias, inclusive en las denominadas bancadas progresistas, quienes aprobaron en general y en particular todos los proyectos del gobierno.
La Dirección del Trabajo y otras instituciones públicas como la Superintendencia de Seguridad Social, en colaboración con las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, han vulnerado por la vía de la interpretación administrativa y judicial los derechos fundamentales de los trabajadores, como lo son: el contrato de trabajo, el salario, la jornada laboral, la salud, la protección social y la negociación colectiva. Las instituciones del Estado, con una fuerte carga ideológica neoliberal, han construido en pocos días y por la vía de los hechos, un nuevo Código del Trabajo que regirá las relaciones laborales no sólo en el actual contexto sanitario, sino, será el manual permanente que fijará los criterios en los futuros contratos de trabajo, jurisprudencia laboral que propicia en el presente una amnistía empresarial para todos los empleadores que despidan trabajadores, no paguen los salarios, reduzcan las remuneraciones y alteren las condiciones laborales.
La agenda antitrabajadores instalada en menos de 30 días, -que debe ser considerarla como “la segunda gran oleada neoliberal del trabajo después del plan laboral de 1978”-, ha sido posible, entre otras cosas, a la baja participación de trabajadores en el movimiento sindical, la baja tasa de negociación colectiva, la dispersión de las organizaciones sindicales, la ausencia de formación ideológica en los trabajadores, la escasa autonomía de las centrales de trabajadores y la subordinación de los dirigentes sindicales a los gobiernos de turnos y al parlamento, dada la composición militante de esos dirigentes.
La veloz ofensiva del gobierno y los empresarios en contra de los derechos de los trabajadores, encontró al movimiento sindical débil, desunido, despolitizado, sin iniciativa, sin autonomía y carente de un plan, esto, como resultado de 30 años de un sindicalismo subordinado a la economía neoliberal, complaciente con las representaciones políticas y fuerzas auxiliares del modelo y obsecuente con las prácticas antidemocráticas al interior de los sindicatos. Las organizaciones sindicales no pudieron constituirse en muro de contención ni en fuerza de contrapeso a esta inédita arremetida de los empleadores, que no dan tregua, ni lo harán. El pánico provocado por el Covid-19 ha generado temor al contacto y al relacionamiento humano, los dirigentes sindicales no estuvieron exento de ello, también sintieron que debían confinarse junto a la población, olvidando que debían cumplir un rol de liderazgo y conducción. Los dirigentes sindicales terminaron confundiendo el distanciamiento físico con el distanciamiento social, teoría de desarticulación orgánica elaborada por el gobierno y que caló hondo en el movimiento sindical.
La cuarentena que ha sido utilizada como una medida sanitaria para la población, ha servido también como cuarentena ideológica, política y orgánica para el movimiento sindical. Los dirigentes han carecido de toda iniciativa para confeccionar un plan que rearticule las voluntades y reagrupe las demandas sociales. Los dirigentes sindicales vinculados a los partidos de la oposición parlamentaria, han quedado paralizados y sin iniciativa frente al paquete de reformas neoliberales, ofreciendo una respuesta débil y contestataria, proponiendo mantener el repliegue físico y sindical como si fuese una gran defensa antineoliberal.
Tal como ha venido ocurriendo desde el retorno a la democracia, el movimiento sindical no plantea otra manera de viabilizar sus objetivos que no sea por la vía de la “parlamentarización” de sus tareas, dejando que las soluciones terminen siempre en manos de quienes generan nuestros problemas. El movimiento sindical insiste en buscar padrinos en el parlamento, pero el parlamento no quiere apadrinar las luchas de los trabajadores. El movimiento sindical descarta la construcción de fuerza social propia que presione las discusiones parlamentarias, prefiere en cambio, subordinarse a los criterios de sus respectivas bancadas en el Congreso, las que pesan mucho más desde el punto de vista del poder, que la mayoría de los dirigentes sindicales militantes de esos mismos partidos.
Dada la excesiva iniciativa política del gobierno, la colaboración cómplice de la oposición parlamentaria y la exclusión de los sectores sociales en la toma de las decisiones nacionales, el movimiento sindical debe romper la cuarentena política para proponer un plan sindical que discrepe ideológica y políticamente con quienes gobiernan y legislan, que denuncie el rol de la oposición, que no pierda de vista el debate constitucional en curso, que cuantifique con sus propios datos el costo y la dimensión social de la crisis, que haga reversible la pérdida de derechos sociales y que capitalice el descontento, el desengaño y la dispersión.
Para hacer frente al vertiginoso avance de las transformaciones ultraneoliberales en el mundo del trabajo impulsadas en estos 30 días, necesitamos un movimiento sindical que retome rápidamente la iniciativa política, que organice la desesperanza, que rearticule las demandas y se convierta en un muro de contención al miedo, al chantaje, a las injusticias y a la confusión. Un movimiento sindical que recupere el tiempo perdido proponiendo nuevas tácticas de lucha y nuevas formas de organización, en definitiva, un movimiento sindical que plantee una rápida salida al repliegue y una nueva consigna para la conducción.
